Terremoto en Colombia: la atención se sostuvo donde había plan

El terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto de 2026 — el de mayor magnitud registrado en Colombia en el siglo XXI, según el Servicio Geológico Colombiano — obligó a la red de salud de Cali a declarar alerta roja, evacuar 7 IPS y suspender la consulta externa y las cirugías no urgentes, según la Alcaldía. La lección operativa fue inmediata: la atención se sostuvo donde había plan de emergencias vigente, red coordinada y comunicación con las personas; se interrumpió donde solo había infraestructura.

La ficha técnica: el sismo más fuerte del siglo en Colombia

A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, en el Chocó, sacudió buena parte del país. El Servicio Geológico Colombiano lo localizó a 103 kilómetros de profundidad y lo clasificó como un evento de subducción: la placa de Nazca hundiéndose bajo la placa Sudamericana, el mismo mecanismo que explica la mayor parte de la sismicidad del Pacífico colombiano. Esa profundidad — mucho mayor que la de un sismo cortical superficial — es parte de la razón por la que se sintió en un área tan extensa: más de 12.000 personas de unos 900 centros poblados reportaron haberlo percibido, y hubo reportes desde Panamá y Venezuela.

El director del SGC, Julio Fierro, lo resumió sin rodeos: "este es el sismo que se ha sentido más fuerte en la última década en Colombia", y la entidad precisó que se trata del evento de mayor magnitud registrado en el país en lo que va del siglo XXI. El precedente comparable en la misma región es de noviembre de 1979, con magnitud 7,2. La intensidad máxima reportada alcanzó el nivel 7 — daño severo — y en las primeras horas el SGC registró 18 réplicas entre magnitud 1,4 y 4,8, localizadas en San José del Palmar y Sipí.

Para el sector salud, la geografía del evento importa tanto como la magnitud. El epicentro está en el Chocó, pero desde el primer día la UNGRD activó la verificación de posibles afectaciones en municipios de cinco departamentos — Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío — es decir, el sismo golpeó a la vez a varias de las redes asistenciales más grandes del suroccidente del país.

El golpe a la red de salud fue simultáneo y regional

Un desastre de esta escala produce en el sistema de salud dos choques al mismo tiempo. La demanda se dispara — solo en Cali, la Alcaldía pasó de reportar 380 personas lesionadas el primer día a 1.416 con corte al 14 de agosto — y, en el mismo minuto, la oferta se contrae: los servicios que habrían absorbido la emergencia son, en parte, víctimas de ella.

El parte oficial de Cali lo muestra con crudeza. La Secretaría de Salud Pública Distrital declaró alerta roja el mismo 10 de agosto "con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta": 7 IPS cerradas y evacuadas por completo, 25 más con posibles daños estructurales en evaluación, 4 instituciones grandes con evacuación total de pacientes y sin expectativa de operar en las horas siguientes, y 22 pacientes críticos que requerían traslado urgente. En su avance del mismo día, la Alcaldía identificó daño estructural en cuatro instituciones — entre ellas el Hospital Universitario del Valle — y el alcalde Alejandro Eder confirmó que los hospitales públicos operaban al máximo de su capacidad, por lo que se suspendieron temporalmente las cirugías no urgentes y la consulta externa para liberar recursos.

Las cifras de una emergencia así, además, no son una foto: son un registro en construcción que cambia cada día a medida que avanzan la búsqueda y las verificaciones. La evolución del balance oficial de Cali entre el primer avance y el corte del 14 de agosto lo ilustra mejor que cualquier argumento.

Lo que sostuvo la atención: CRUE, red y planes ensayados

Lo notable de la primera semana no es solo el tamaño del daño: es que la atención, en su mayor parte, no se detuvo. Y eso no fue suerte. Fue el resultado de tres mecanismos que existían desde antes del sismo.

El primero es el CRUE — el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Cuando 7 IPS de una misma ciudad cierran a la vez, la pregunta operativa es brutal: ¿a dónde va cada persona hospitalizada, cada paciente crítico, cada urgencia nueva? La respuesta oficial de Cali fue la referencia y contrarreferencia coordinada por el CRUE, reubicando pacientes en las instituciones con disponibilidad y generando capacidad adicional donde no la había — con la Alcaldía articulada de forma permanente con el CRUE Valle y el Ministerio de Salud, en palabras del propio alcalde. Es la diferencia entre una red que se reorganiza y un archipiélago de instituciones que improvisan cada una por su lado.

El segundo es el plan de contingencia institucional, y el caso del Hospital Universitario del Valle es el ejemplo que este país va a estudiar por años. Según la Gobernación del Valle, el HUV — el hospital público de referencia del suroccidente — perdió el 40 % de su infraestructura física y su área de hospitalización quedó con un 45 % menos de capacidad operativa. Y aun así evacuó y reorganizó la atención sin una sola muerte de pacientes ni de personal. Su gerente, Irne Torres Castro, lo resumió así: "Logramos reubicar a todos los pacientes que estaban de manera externa en el hospital hacia el interior. El balance es positivo desde el punto de vista de no pérdidas humanas". Un plan de emergencias que se activa en minutos no se escribe esa mañana: estaba vigente, era conocido y se había ensayado.

El tercero es la decisión deliberada de liberar y redistribuir capacidad. La suspensión temporal de cirugías no urgentes y de la consulta externa en Cali no fue un colapso: fue una medida sanitaria explícita para concentrar recursos en las urgencias vitales. En paralelo, la ciudad organizó la logística de soporte que una red tensionada necesita: cinco puntos oficiales de donación de sangre, albergues temporales, líneas únicas para reportar personas desaparecidas y la línea 106 de apoyo psicosocial. Y en el nivel nacional, la UNGRD activó desde el primer día la Sala de Crisis Nacional y desplegó cuatro grupos de búsqueda y rescate urbano desde Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín.

El marco existía desde antes: hospital seguro e ISH

Nada de lo anterior es improvisación conceptual. Desde hace años la OPS define un hospital seguro como "un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y funcionando a su máxima capacidad y en su misma infraestructura inmediatamente después de que ocurre un desastre natural". No es una aspiración retórica: es una condición medible, y la herramienta para medirla es el Índice de Seguridad Hospitalaria (ISH), que evalúa 145 aspectos de un establecimiento agrupados en cuatro componentes — la ubicación, lo estructural, lo no estructural y lo funcional — y lo clasifica en una de tres categorías.

La cifra regional que da contexto a todo esto es incómoda: según la OPS, más de la mitad de los 16.000 hospitales de América Latina y el Caribe están ubicados en zonas de alto riesgo frente a desastres. Colombia no es la excepción, y el suroccidente — zona de subducción activa — menos.

Por eso importa la maquinaria de evaluación que se activó esta semana. En lo nacional, la UNGRD activó la Carta Internacional — el mecanismo de cooperación que entrega imágenes satelitales para evaluar daños — y al 13 de agosto había procesado 166 imágenes de alta definición y levantado fotografía aérea en 85 municipios para establecer el nivel de afectación de los territorios. En lo departamental, la Gobernación del Valle asignó un secretario como enlace permanente a cada uno de sus 40 municipios y 2 distritos para identificar necesidades y agilizar la respuesta institucional.

La lectura honesta para cualquier gerencia es esta: la categoría en la que tu sede recibe un sismo no se decide el día del sismo. Se decidió años antes, en los comités donde se aprobó — o se aplazó — el mantenimiento, el reforzamiento y el simulacro.

La continuidad también es administrativa

Hay una capa del desastre que casi nunca sale en los titulares y que define buena parte del resultado sanitario de los meses siguientes: la continuidad administrativa de la atención.

Cali lo hizo explícito con una decisión oficial: para liberar capacidad, se suspendieron temporalmente la consulta externa y las cirugías no urgentes. Es la medida correcta en la emergencia — y al mismo tiempo significa que, de un día para otro, miles de citas, controles y procedimientos programados quedaron en el aire. Detrás de cada uno hay una persona que no sabe si su atención sigue en pie, ni dónde, ni cuándo. Las líneas telefónicas se saturan exactamente en el momento en que más gente necesita una respuesta simple: "¿mi cita sigue?", "¿a dónde voy ahora?". La institución que puede contestar esas preguntas masivamente y en horas conserva la continuidad de sus rutas de atención; la que no puede, convierte su propia agenda caída en demanda de urgencias para el resto de la red — la misma red que ya opera al máximo.

Lo mismo aplica hacia adentro. Una historia clínica electrónica respaldada y accesible desde otra sede convierte una evacuación en un traslado: la persona llega a la institución receptora con su información disponible. Un archivo físico bajo escombros, en cambio, es un expediente perdido — y reconstruir historias desde cero, en plena emergencia, es un costo que ningún equipo asistencial puede pagar. Y cuando pase la fase aguda viene la montaña silenciosa: la deuda de reprogramación. Cada día de suspensión son cientos de citas que habrá que reagendar, priorizar y confirmar — con especial cuidado en las personas con condiciones crónicas, cuyos controles interrumpidos no avisan cuando se convierten en descompensaciones.

Nada de esto es exclusivo de los terremotos. Es el mismo músculo operativo que una institución necesita para prepararse antes de un pico epidemiológico o para sostener un tablero semanal de operación en tiempos normales: saber dónde está cada persona en su ruta, poder contactarla masivamente, y que el registro de cada contacto quede trazable de la llamada al RIPS. La emergencia no crea esas capacidades; solo revela, de golpe, quién las tenía.

Qué puede revisar tu institución esta semana

El terremoto del 10 de agosto es la auditoría que nadie pidió. Estas son las verificaciones concretas que cualquier IPS, clínica u hospital — de cualquier tamaño — puede hacer esta semana, mientras la memoria institucional está fresca.

Ninguno de estos puntos requiere esperar a nadie. Y varios — los administrativos — cuestan mucho menos que un reforzamiento estructural. Si tu institución opera en el suroccidente, la maquinaria oficial de evaluación ya está en marcha y es la oportunidad concreta para conocer la categoría real de tu sede; el resto del país haría bien en no esperar su propio sismo para preguntárselo. Así operan las instituciones que gobiernan su agenda en Colombia: con el riesgo medido antes de que el riesgo se materialice.

Preguntas frecuentes

Aviso. Este contenido tiene fines informativos y educativos. No sustituye el diagnóstico, el tratamiento ni el consejo de un profesional de la salud calificado. Ante cualquier duda, síntoma o decisión sobre tu salud, consulta a tu médico o a la institución de salud correspondiente.