La brecha de vacunación infantil en el área rural de Guatemala

Para septiembre de 2024, ninguna de las 19 vacunas del esquema regular de Guatemala alcanzaba el 70 % de cobertura a nivel nacional, muy por debajo del 95 % que recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para evitar el resurgimiento de enfermedades prevenibles (Prensa Libre, 2024). Esa cifra nacional ya es baja, pero esconde algo más difícil de ver desde una dirección central: la distancia entre la zona con mejor cobertura del país y las áreas periféricas supera los 50 puntos porcentuales. La brecha no es solo un dato de salud pública; es una señal operativa de que muchas familias entran al esquema de vacunación y luego se pierden en el camino.

La cobertura nacional se aleja del umbral que evita brotes

El esquema regular guatemalteco incluye 19 vacunas para la niñez, aplicadas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) a través de su red de puestos y centros de salud, con un segmento adicional de población infantil atendida por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) cuando alguno de los padres tiene empleo formal. Para septiembre de 2024, el país no había alcanzado ni la meta intermedia de 75 % fijada para ese mes; la hepatitis B, la vacuna con peor desempeño, llegaba apenas a 53 % (Prensa Libre, 2024).

Los datos de la Organización Mundial de la Salud y UNICEF confirman que este rezago no es un evento aislado de un año: la cobertura de la tercera dosis de pentavalente (DTP3) bajó de 85 % en 2019 a 79 % en 2022, y la segunda dosis de sarampión (MCV2) cayó de 78 % a 69 % en el mismo periodo (OMS/UNICEF, revisión 2023). El propio informe señala que parte de la caída de 2021 se explica porque el personal de vacunación fue desviado hacia la campaña contra covid-19, una interrupción operativa —no una decisión clínica— que dejó huella en los años siguientes.

La brecha entre zonas centrales y periféricas supera los 50 puntos

El promedio nacional oculta una desigualdad geográfica considerable. Según datos del MSPAS citados por Prensa Libre, la zona central del departamento de Guatemala e Ixcán reportaban coberturas superiores a 80 %, mientras que otras áreas del propio departamento de Guatemala —noroccidente, nororiente y sur— se ubicaban entre 24 % y 32 %, y Escuintla y Jutiapa reportaban 37 % (Prensa Libre, 2024). Es decir, dentro del mismo país —y en algunos casos dentro del mismo departamento— una niña o un niño puede tener una probabilidad de estar completamente vacunado que es entre dos y tres veces mayor que la de otro, solo por el área donde vive su familia.

Esta desigualdad territorial se repite en indicadores específicos. En Izabal, la cobertura de BCG (tuberculosis) fue la más baja del país, con 50.3 %, y la de hepatitis B llegó a apenas 26.4 %, frente a un 66.5 % nacional en ese mismo periodo (Prensa Libre, 2023). La OMS documenta un patrón similar en su análisis de brigadas móviles: antes de reforzar el acceso itinerante, “las coberturas de vacunación eran bajas principalmente en los municipios rurales del país”, con zonas cuya cobertura de esquemas completos estaba por debajo de 30 % (OMS, 2023). Para una institución de salud que opera en una de estas zonas, esa brecha no es una estadística lejana: es la diferencia entre una lista de pacientes al día y una lista de pacientes que la institución cree que está al día.

El abandono ocurre entre dosis, no en la decisión inicial

El dato más útil para una institución no es cuántas personas rechazan vacunarse, sino en qué punto del esquema se pierden. A nivel nacional, la cobertura de la primera dosis de pentavalente (DTP1) fue de 92 % en 2022, pero para la tercera dosis (DTP3) había bajado a 79 %, una caída de 13 puntos porcentuales entre el inicio y el cierre del esquema (OMS/UNICEF, revisión 2023). En sarampión, el patrón se repite: 83 % con la primera dosis frente a 69 % con la segunda, 14 puntos de diferencia.

A nivel departamental, la caída entre la primera dosis y el último refuerzo de polio —el indicador con el desglose más detallado disponible— varía de forma marcada según la zona, lo que sugiere que la brecha depende más de la capacidad de dar seguimiento a cada caso que de una sola causa uniforme.

Alta Verapaz, un departamento con alta proporción de población rural e indígena, no tiene la caída más pronunciada; Izabal sí. Esto refuerza un punto operativo importante: la geografía por sí sola no determina el resultado. Lo que parece marcar la diferencia es si existe o no un mecanismo activo para volver a contactar a las familias que ya iniciaron el esquema antes de que se les venza la siguiente dosis.

La causa documentada es logística y de seguimiento, no solo actitud

Cuando el MSPAS explica por qué las familias no completan el esquema, la explicación no apunta primero a la negativa a vacunar. El propio Ministerio reconoce que “no todas las madres llevan a sus hijos a los establecimientos y puestos de vacunación fijos” (Prensa Libre, 2023), lo que llevó a implementar brigadas móviles para llegar a comunidades remotas. La misma nota describe cómo la interrupción de las campañas de vacunación en centros educativos —por la intermitencia de las clases presenciales— dejó sin dosis de refuerzo a una parte de la población infantil que ya había iniciado el esquema.

El informe de la OMS sobre brigadas de salud móviles en Guatemala documenta el mismo mecanismo desde otro ángulo: cuando el sistema de salud lleva la vacunación hacia la comunidad en lugar de esperar a que la familia regrese al puesto fijo, la aplicación de dosis pediátricas aumenta de forma medible —el programa reportó más de 17,000 vacunas de esquema regular aplicadas a niñas y niños de 0 a 5 años durante un periodo de tres meses en zonas antes desatendidas (OMS, 2023). El obstáculo, en otras palabras, no es principalmente de convencimiento; es de contacto oportuno.

Esto coincide con la lectura regional. UNICEF reporta que en América Latina y el Caribe la cobertura de DTP3 subió de 75 % en 2021 a 79 % en 2022, pero que cerca de 1.2 millones de niñas y niños de la región no recibieron ni una sola dosis de DPT ese año, y otros 800,000 recibieron solo una dosis parcial (UNICEF, 2023). La región mejora, pero desde un piso bajo, y Guatemala —según los datos nacionales citados arriba— se ubica por debajo del promedio regional en varias de sus vacunas del esquema.

Qué significa esto para una institución de salud

Para una clínica, un puesto de salud o cualquier institución que atiende a niñas y niños, la brecha de vacunación no siempre es visible en el expediente individual: una familia que llevó a su hijo a la primera dosis figura como “atendida”, aunque nunca haya regresado por la tercera. El riesgo real —tanto clínico como reputacional para la institución— está en esa diferencia entre “inició el esquema” y “completó el esquema”, y en que nadie dentro de la institución esté midiendo específicamente cuántos casos caen en esa categoría.

Los datos anteriores permiten dimensionar ese riesgo de forma concreta: si una institución opera en una de las zonas con coberturas entre 24 % y 37 %, es razonable asumir que una proporción significativa de las familias en su área de influencia tiene al menos una dosis pendiente en este momento, sin que exista ningún proceso activo para identificarlas y volver a contactarlas.

Qué puede hacer tu institución esta semana

Ninguno de estos pasos requiere esperar a la próxima campaña nacional. Son decisiones operativas que cualquier institución —pública, del IGSS o privada— puede empezar a aplicar con la información que ya tiene en sus propios registros. Quien quiera profundizar en cómo estructurar el seguimiento proactivo de pacientes puede revisar nuestro enfoque de contacto proactivo con pacientes.