Acceso a salud visual en América Latina: qué dicen realmente las cifras

América Latina no tiene una sola cifra de acceso a salud visual: tiene cinco sistemas de medición distintos que, vistos rápido, parecen contar la misma historia. Colombia registra atenciones, Chile fija plazos legales, México y Perú encuestan discapacidad, Argentina releva hogares. Cada número es real y viene de una fuente oficial, pero antes de poner esas cifras una al lado de la otra hay que entender qué mide cada una, porque de eso depende qué puede —y qué no puede— hacer una institución de salud visual con esos datos.

El primer problema no es la falta de datos, es su heterogeneidad

Casi todos los países de la región publican algo sobre salud visual: censos de población, encuestas de discapacidad, guías clínicas con plazos garantizados, registros administrativos de atenciones. El problema no es la escasez, es que ese “algo” no es lo mismo de un país a otro. Una cifra que cuenta personas registradas en el sistema de salud (Colombia) no es comparable con una que cuenta plazos legales de una garantía (Chile), ni con una que describe la composición interna de la población que ya tiene alguna discapacidad (México, Perú, Argentina). Tratar estos números como una serie única —como si todos midieran “cuánta gente no ve bien” con el mismo criterio— es el error más común al leer salud pública comparada en la región, y es exactamente el error que este análisis quiere evitar.

Por qué estas cifras no son directamente comparables

Vale la pena decirlo sin rodeos, porque es el punto central de este análisis: las cifras nacionales que siguen a continuación miden cosas distintas y no deben leerse como un ranking. Difieren en al menos tres dimensiones. Primero, el denominador: algunas se calculan sobre el total de la población (Argentina, sobre personas de 6 años y más con alguna dificultad), otras sobre la población que ya tiene una discapacidad reconocida (México, Perú), y otras sobre casos que efectivamente llegaron a un servicio de salud (Colombia). Segundo, el instrumento: una encuesta de hogares con preguntas autorreportadas (México, Argentina) no captura lo mismo que un censo nacional (Perú) ni que un registro administrativo de atenciones (Colombia, a través de su sistema de información en salud). Tercero, el significado regulatorio: un plazo como el chileno no describe cuánta gente tiene un problema visual, describe cuánto tiempo, como máximo, el sistema se compromete legalmente a tardar en resolverlo una vez que la persona ya fue diagnosticada —algo completamente distinto a una prevalencia poblacional. Mezclar estas tres naturalezas de dato en una sola tabla sin esta aclaración no es un resumen regional: es una aproximación que puede llevar a conclusiones equivocadas sobre qué país “tiene más” o “atiende mejor” su salud visual.

Colombia: una cifra de registros, no de prevalencia

Colombia mide su salud visual principalmente a través de lo que su sistema de información en salud registra como atenciones. Según los lineamientos de política pública del Ministerio de Salud, el número de personas con alteración visual permanente registradas pasó de 285.056 en 2009 a 406.193 en 2014, un crecimiento acumulado de 42,49% en cinco años, con un promedio anual cercano a 7,08%. Es una cifra útil para entender la demanda que efectivamente llega al sistema de salud, pero no equivale a la prevalencia real de problemas visuales en el país: parte de ese crecimiento puede explicarse por más gente accediendo a diagnóstico, no necesariamente por más gente enfermando. El mismo documento señala además una concentración geográfica de especialistas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, lo que sugiere que el acceso —más allá del volumen nacional— también depende de dónde vive la persona.

Chile: un plazo legal, no una espera observada

Chile no publica, al menos de forma centralizada y accesible, una cifra nacional de prevalencia visual comparable a la de otros países de este análisis. Lo que sí tiene, y con un nivel de detalle regulatorio poco común en la región, es una garantía explícita de tiempos de atención para cataratas dentro de su sistema de Garantías Explícitas en Salud (GES). Según la Superintendencia de Salud, el plazo máximo para el diagnóstico es de 180 días desde la sospecha, y el plazo para la cirugía, una vez confirmado el diagnóstico, es de 90 días si la pérdida de visión es severa o de 180 días si es moderada. Esta cifra no dice cuánta gente en Chile tiene cataratas ni cuánto espera en la práctica: dice cuál es el tope legal que el sistema se compromete a no superar para quien ya fue diagnosticado. Es información valiosa —fija un estándar público verificable— pero pertenece a una categoría de dato distinta a una encuesta de prevalencia.

México y Perú: la dificultad visual pesa más que otras discapacidades

México y Perú permiten ver algo que Colombia y Chile no muestran directamente: dentro de la población que ya vive con alguna discapacidad, la dificultad visual es, en ambos países, una de las más frecuentes. En México, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2023 del INEGI, el 45,8% de las 8,8 millones de personas de 5 años o más con discapacidad reporta dificultad para ver aun usando lentes, la segunda limitación más mencionada después de la movilidad. En Perú, de acuerdo con el Censo 2017 procesado por el INEI, el 61% de la población con discapacidad reporta la limitación visual como la más común de todas, con una variación territorial marcada: desde 50% en Apurímac hasta 66% en Lima Metropolitana. En ninguno de los dos casos la cifra describe qué porcentaje del país entero tiene un problema visual; describe la composición interna de un subgrupo ya identificado como población con discapacidad, lo que las hace comparables entre sí con cautela, pero no comparables sin ajuste con Colombia o Argentina.

Argentina: una de cada cuatro personas con alguna dificultad, la tiene para ver

Argentina aporta un dato de estructura similar al de México y Perú, aunque con su propio diseño muestral. Según el Estudio Nacional sobre el Perfil de las Personas con Discapacidad 2018 del INDEC, encuesta de hogares realizada sobre localidades urbanas de 5.000 habitantes o más, el 25% de la población de 6 años y más que reporta alguna dificultad, reporta específicamente dificultad para ver; dentro de ese grupo, un 3,6% declara no poder ver en absoluto. La prevalencia visual es más alta entre personas de 15 a 64 años (18,5% de los casos de dificultad única) que entre personas mayores de 65 (7,3%), lo que contrasta con la intuición habitual de que la pérdida visual es sobre todo un problema del envejecimiento; probablemente responda a que otras discapacidades ganan peso relativo en la vejez, no a que la visión mejore con la edad.

Lo único que sí se puede comparar: la metodología regional de la OPS

Hay una excepción real a toda esta advertencia, y vale la pena marcarla con la misma claridad que la anterior. La Organización Panamericana de la Salud publicó en 2024, en su Revista Panamericana de Salud Pública, un estudio que estima la prevalencia de discapacidad visual y ceguera en personas de 60 años y más en toda América Latina y el Caribe usando una única metodología consistente en todos los países: las bases del Vision Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera y las evaluaciones rápidas de ceguera evitable (RAAB). Bajo ese criterio homogéneo, la discapacidad visual moderada a severa en personas de 60 años y más alcanza un 14,14% regional y la ceguera un 2,94%, con una variación marcada entre subregiones: la ceguera llega a 3,89% en América Latina tropical y baja a 0,96% en el Cono Sur. Este es, de todo lo relevado en este análisis, el único conjunto de cifras que sí puede leerse como una serie comparable entre países, precisamente porque fue diseñado desde el inicio para eso.

Qué significa esto en la práctica para una institución de salud visual

Para quien gestiona una óptica, un servicio de oftalmología o un programa de salud visual en cualquiera de estos mercados, la lección operativa no es “elegir la cifra más favorable” sino entender qué tipo de dato describe mejor el problema que se quiere resolver. Si el objetivo es dimensionar demanda potencial, los datos de discapacidad (México, Perú, Argentina) orientan mejor que un registro administrativo. Si el objetivo es entender contra qué estándar de servicio compite una institución privada, una garantía regulatoria como la chilena es más útil que una encuesta de prevalencia. Y si el objetivo es justificar inversión regional o comparar la magnitud del problema entre países, solo la evidencia con metodología homogénea —como la de la OPS— sostiene ese argumento sin caer en una comparación forzada. Lo que sí es transversal a los cinco países, más allá de cómo cada uno mida su salud visual, es que ampliar el acceso depende en buena parte de que la persona efectivamente llegue a la cita agendada y de que el seguimiento posterior no dependa solo de que alguien se acuerde de llamar; ese es un problema operativo, no estadístico, y es el mismo en Bogotá, Santiago, Ciudad de México, Lima o Buenos Aires. Las instituciones que logran ordenar ese seguimiento con un sistema de atención proactiva suelen ganar más en continuidad de tratamiento que las que solo compiten por reducir su propio plazo de agenda.